La Autoridad Investigadora es la responsable de investigar: i) prácticas monopólicas, absolutas o relativas, y concentraciones ilícitas, ii) barreras a la competencia e insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos, y iii) la existencia de condiciones de competencia efectiva.
Al concluir sus investigaciones establece si en un mercado hay elementos para determinar que existen conductas o condiciones contrarias a la competencia, si es el caso emite un dictamen de probable responsabilidad o preliminar que turna a la Secretaría Técnica para que inicie un procedimiento seguido en forma de juicio. De no ser así, propone el cierre del expediente.
